Sobre el culto religioso en la ermita de Nuestra Señora de las Vegas de Los Huertos
Como respuesta a la noticia que aparece publicada en El Norte de Castilla-Segovia el día 29 de noviembre de 2024, en página 8, como Vicario General de la Diócesis deseo hacer las consideraciones siguientes:
Primera: No es cierto que el decreto que el párroco de la parroquia de Nuestra Señora de las Vegas, de Los Huertos, leyó el día de la Fiesta de Todos los Santos trate de la cuestión de la titularidad de la ermita.
Segunda: El decreto establece que, durante el tiempo que se mantenga la imposibilidad de ejercer la autoridad eclesiástica y el culto divino en las condiciones establecidas por el Derecho Canónico en la ermita de la Virgen de las Vegas, no podrá realizarse en ella ningún acto de los comprendidos en la Liturgia de la Iglesia Católica. El origen de este decreto se sitúa cuando la autoridad eclesiástica tiene conocimiento, durante la conversación con el Ayuntamiento, de que una asociación civil, de acuerdo con el Ayuntamiento, gestiona las actividades religiosas de la ermita.
Tercero: No es cierto que el Vicario General haya firmado este decreto.
Cuarto: Como sabe la señora alcaldesa, por parte de la parroquia y del Obispado está abierto el diálogo con el Ayuntamiento en aras de encontrar una solución a los problemas.
Quinto: No consta en este Obispado la existencia real de una cofradía, por tanto, las llamadas “mayordomas” carecen de autoridad para organizar el culto.
Sexta: No se entiende que, en una situación de vida democrática, un ayuntamiento quiera organizar el culto religioso, bien directamente, o a través de otras instituciones ajenas a la parroquia.
Por todo ello, entendemos que desde falsas verdades sea difícil el diálogo. El Ayuntamiento sabe que, desde la parroquia, con ayuda del Obispado, siempre estaremos a favor de transparencia en las conversaciones. Pero en cuestiones del uso religioso de la ermita, y del respeto a lo sagrado, siempre estaremos en defensa de la parroquia y de los feligreses de acuerdo a la ley de libertad religiosa.
Ángel Galindo García
Vicario General